06/26/2009

1. Introducción

    Como es sabido, la actividad económica se materializa en la producción de una amplia gama de bienes y servicios cuyo destino final, a través de la distribución, es la satisfacción de las necesidades humanas de consumo. Con tal fin, las actividades productivas y de distribución se realizan a través de numerosas unidades que emplean factores productivos -trabajo, capital y recursos naturales- escasos y susceptibles, por tanto,  de usos alternativos.

    En la versión más idealizada -la del análisis económico neoclásico- la institución del mercado y el sistema de precios -siempre y cuando se satisfagan determinadas condiciones- sirven para asegurar un uso eficiente de los recursos a la hora de proporcionar los bienes privados. Según esta versión los consumidores pujan o deben pujar por lo que desean comprar y, de esta forma, revelan sus preferencias a los productores; éstos, a su vez, al intentar maximizar sus beneficios, producen lo que desean adquirir los consumidores y, gracias al juego de la competencia, trataran de hacerlo al mínimo costo. La competencia asegurará que la combinación de bienes producidos responda a las preferencias de los consumidores.

    Sin embargo, este punto de vista constituye un cuadro altamente idealizado del sistema de mercado. Pues, en realidad, el mercado no puede resolver la totalidad del problema económico-neoclásico. “El mecanismo de mercado no es un proveedor ideal de bienes privados como podría ser.” 1

    En consecuencia, la representación analítica que en un principio se hacía de los procesos económicos, se ceñía a un proceso circular cerrado que incluía los aspectos de producción y consumo y los flujos monetarios que los relaciona, donde los agentes económicos, consumidores o productores, se comportaban de manera “racional”.

    De allí que, superada la dicotomía entre planificación económica y libertad económica a ultranza, la mayoría de los países cuyos sistemas económicos se basan en los principios del libre mercado conceden gran importancia a la competencia y, por ende, a los sistemas normativos e institucionales que propenden a su fomento, protección o defensa.